Esta semana los empleados del Ministerio de Trabajo cobraron sus haberes de julio y se encontraron con la sorpresa de que sus salarios vinieron más flacos. Al constatar los recibos de sueldo, unos 500 trabajadores descubrieron que se les había descontado altas sumas de dinero -en algunos casos hasta $1.000- y que esto se debía a su participación en el último paro. La sanción fue confirmada a iProfesional.com por las autoridades de la cartera laboral, que tomaron la medida en respuesta a la huelga realizada en junio por los trabajadores de la junta interna de ATE (CTA) para reclamar el pase a planta permanente y un fuerte aumento salarial. "Pararon siete días en un mes y el conflicto se puso medio espeso. Por ello, el Ministerio de Trabajo hizo una cosa simbólica y descontó los últimos tres días de paro", explicó a este medio un alto funcionario del organismo, que encabeza Carlos Tomada, y que el lunes participará de la reunión de gabinete en la que se analizarán los próximos pasos. Las multas aplicadas oscilan entre los $200 y $1000, dependiendo el salario del personal, y afectó a quienes suspendieron sus actividades durante más de tres días. Así, quienes pararon el cuatro días se les descontó uno, los que acataron cinco días de huelga, se les descontó dos, y quienes fueron al paro los seis días, se les descontó tres jornadas. En la cartera laboral explican que el reclamo de la junta de ATE es de "imposible cumplimiento" y advierten que de repetirse las medidas de fuerza, no dudarán en adoptar nuevas sanciones. "Es un principio del derecho: si no hay prestación, se pueden descontar los días de huelga. Nunca hubo un paro como éste, es excepcional lo que resolvimos, pero va a dejar de serlo. Si hay seguidilla de paros, vamos a seguir descontando los días de huelga", anticiparon. El gesto del Ejecutivo hacia la Junta de ATE parece reafirmar el endurecimiento del Gobierno contra la protesta de sectores sindicales "rebeldes", que la Presidenta ya había sugerido a principio de año, cuando durante la apertura de sesiones del Congreso criticó a los gremios que afectan los servicios públicos con sus medidas de fuerza. Sin embargo, los trabajadores del Ministerio de Trabajo rechazaron los recortes "antisindicales" y se mostraron dispuestos a seguir adelante con sus reclamos y la denuncia de las autoridades por presunto incumplimiento de las leyes laborales. En efecto, horas después de certificar la aplicación de los descuentos, un centenar de empleados llevó a cabo un "ruidazo" en los tres edificios que el organismo posee en su sede central, ubicada en la avenida Alem al 600. "Más de 70% del trabajo en el Ministerio de Trabajo es ilegal y la única medida que tienen, en vez de solucionarlo y legalizarnos es descontar los días de huelga", señaló Ariel Arana, delegado general de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo.
Esto significa que los dependientes pueden ser echados sin causa ni derecho a indemnización y sufrir discriminaciones salariales respecto a otros empleados que realizan las mismas tareas.Paradójicamente, ocurre en muchas de las áreas encargadas de controlar y registrar a los trabajadores.
A esto se suma la particularidad de que la mayoría de los profesionales del Ministerio no cobra el adicional por título por estar fuera de planta, en contraste con lo que ocurre en otros organismos públicos donde los contratados perciben ese beneficio.Por estos motivos, el pase a planta permanente de todos los contratados se convirtió en el reclamo principal de la junta interna, que adoptó como consigna "El trabajo decente debe empezar por casa", en referencia a la decisión del Ministerio de declarar este año como el del "Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores".
El otro punto clave de las demandas gremiales es la cuestión salarial. El personal del organismo reclama un piso salarial de $5.000 (40% de aumento) con el propósito de revertir loque denuncian como un defasaje salarial acumulado.
En mayo pasado, el Gobierno y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, firmaron una suba del 24%, en sintonía con los acuerdos salariales de camioneros y construcción.
El acuerdo fue desdoblado en tres cuotas (10% en junio, 10% en agosto y 4% en diciembre) y abarca a 120 mil empleados de los sindicatos de UPCN, Supara (aduana), Pecifa (personal civil de Fuerzas Armadas), Dragado y Balizamiento, Vialidad Nacional, Sutecba y Fedun.
Sin embargo, los afiliados a ATE de la cartera laboral consideraron insuficiente el incremento, teniendo en cuenta que las remuneraciones de bolsillo del sector oscilan entre los $2500 y $3200, una cifra que está lejos de los $4500 que perciben en promedio los trabajadores públicos, según los datos del primer trimestre del INDEC.
El personal de Tomada se queja de que el Estado y el sindicato oficialista de los estatales acordaron una cifra en forma "unilateral" por debajo del alza del costo de vida, para "imponer" una pauta al resto de los empleados públicos.
- El Ministerio en la mira de la Justicia
El auge de los reclamos de los trabajadores tercerizados y contratados ha cobrado relevancia en los últimos tiempos no sólo en el sector privado, donde el caso de los ferroviarios se convirtió en un caso testigo, sino también en la administración pública.
Este fenómeno se refleja en el incremento de las causas judiciales, en las cuales se está condenando en forma sistemática al Estado por utilizar la figura del monotributistas, la locación de servicios, y las pasantías o las prácticas rentadas, que en ningún caso responden a las formas legales para las que cada una de esas figuras fue creada, según indican los especialistas.
Sucede que estas modalidades de contratación dan lugar a asimetrías, por las cuales se crean dos categorías de empleados con diferentes derechos y beneficios.Los fallos recientes de los tribunales apuntan contra estas formas de "discriminación". En distintas sentencias, se ordena la remuneración por igual tarea, el pase a planta, el reconocimiento de adicionales y la indemnización por despido, entre otros puntos significativos.
Los dictámenes sientan una jurisprudencia trascendente considerando que el 22,3% de los trabajadores son empleados estatales, casi 2,5 millones de personas, y en provincias como la de Santa Cruz y La Rioja, la cifra asciende casi a la mitad de los trabajadores, según una encuesta del INDEC.
En mayo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló contra el propio Ministerio de Trabajo en la causa caratulada "Gimenez Alejandra Beatriz".
El tribunal admitió el reclamo de "igual remuneración por igual tarea" a una empleada de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ente público.
La demandada, con licenciatura en abogacía, figuraba como personal contratado y percibía una retribución menor que los profesionales de la planta permanente, pese a estar asimilada en cuanto a nivel y grado a la categoría Nivel C Grado5.
Sin embargo, el tribunal encontró "la inexistencia de diferencias sustanciales, en cuanto a las funciones que cumplía el peticionante de las que tenían a su cargo las personas incorporadas a la planta permanente".
De este modo, los magistrados concluyeron que las condiciones laborales eran "discriminatorias" y "arbitrarias", por lo que reconocieron las diferencias salariales reclamadas y el adicional por mayor, en base al principio de no discriminación y al de igualdad de remuneración por igual tarea que figuran en la Constitución Nacional.
