El caso de Marita se ha convertido en el caso testigo de una problemática extendida en nuestro país y en el mundo. La incansable lucha de su madre, Susana Trimarco, así como la constante exigencia de las organizaciones sociales, políticas y de mujeres, ha hecho que tome relevancia pública y que finalmente, luego de una década, llegue a juicio oral. Durante esta década también se ha sancionado la Ley contra la Trata de Personas que convirtió esta práctica aberrante en delito federal.
Sin embargo, creemos que queda mucho por denunciar, mucho por luchar y mucho por exigir. Porque a pesar de la ley, de las campañas de concientización, de las movilizaciones y de las sobradas pruebas sobre cómo funcionan las redes de trata para la prostitución, lo real es que se ha avanzado muy poco.
Hacemos referencia en primer lugar del caso de Marita. Si bien los medios de comunicación hablan de “juicio emblemático contra la trata”, lo cierto es que por el secuestro se están juzgando a 13 imputados de poca monta. Y ni siquiera están imputados por el delito de trata, ya que la ley es posterior al secuestro. Sobradas son las evidencias de que la trata de mujeres y niñas para la prostitución es una grave violación a los derechos humanos en el que están comprometidos diversos sectores del poder, involucrando a jueces, policías, empresarios y políticos. Ninguno de ellos está en el banquillo: ni los altos jefes de la red, ni los responsables políticos, ni las fuerzas de seguridad, ni los funcionarios judiciales. Todos cómplices necesarios para que redes de este tipo puedan actuar con la impunidad de la que gozan. Tanto es el grado de cinismo al que se ha llegado, que se está llevando adelante un juicio por el secuestro y desaparición de una mujer a la que la policía ya no busca: porque la búsqueda de Marita se cerró en el 2004.
Pero también hacemos referencia a las cientos de mujeres y niñas que continúan secuestradas y desaparecidas en nuestro país. Los discursos sobre el respeto por los derechos humanos no sólo no parecen alcanzar a las humanas, sino que además parecerían ser cuestiones del pasado. Y es todo lo contrario: ¿qué nombre se les puede dar a situaciones en las cuales mujeres, sobre todo de los sectores sociales más excluidos y vulnerables, son secuestradas, mantenidas en condición de desaparecidas y sometidas a sucesivas violaciones y torturas?
Lo cierto es que, más allá de los discursos, de las leyes y de los organismos creados desde el Estado, como la División Anti Trata, la complicidad estatal en todos sus niveles continúa a la orden del día. No se ha desmantelado una sola red de trata de mujeres, no se ha encontrado a ninguna de las mujeres y niñas cuyos rostros han sido publicados. No se ha enjuiciado a ningún funcionario debido a ello.
De esta manera, seguimos en las calles, denunciando que el secuestro de mujeres y niñas por parte de las redes de trata para la prostitución, lejos de ser un problema provincial o local es un problema nacional que sigue en aumento.
Estamos junto a cada familia que denuncia y no recibe respuestas por la desaparición de su hija.
Acompañamos a Susana Trimarco en su lucha por la aparición de Marita y el castigo a todos los culpables.
Continuamos exigiendo al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales el desmantelamiento de las redes de trata para la prostitución y la aplicación de verdaderas políticas públicas que asistan a las víctimas y ayuden a la prevención de estos delitos.
Seguimos dando batalla para que ningún hombre siga pagando por sexo y sosteniendo el negocio de las redes.
El martes 3 de abril estaremos frente al Congreso de la Nación a las 18 horas, junto a familiares que buscan a sus hijas y a organizaciones sociales, políticas y de mujeres.
APARICIÓN CON VIDA DE TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS
SECUESTRADAS Y DESAPARECIDAS POR LAS REDES DE TRATA
¡CON VIDA SE LAS LLEVARON, CON VIDA LAS QUEREMOS!
EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA
Y EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES Y CÓMPLICES POLÍTICOS
¡SEGUIREMOS EN LUCHA HASTA QUE TODAS SEAMOS LIBRES!
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