Kevin Molina tenía 9 años cuando fue asesinado el 7
de septiembre de un tiro en la cabeza en medio de una balacera entre bandas. La
connivencia y la participación de la Prefectura y la Gendarmería, representan
la avanzada de la narcopolicía en los barrios y forma parte de las denuncias
que viene llevando adelante la organización La Poderosa.
Desde el Frente Popular Darío Santillán – Regional Capital, Bachillerato Popular Darío Santillán
(Constitución y Barracas) y FM Che
Barracas 99.7 estuvimos acompañando el reclamo de justicia, las denuncias
sobre la actuación impune, violenta y sin identificación que las fuerzas de
seguridad cometen sobre los vecinos, irrumpiendo violentamente y sin
autorización en los domicilios, haciendo cacheos ilegales y abusando sobre cualquier
garantía de derecho.
Testigos de esta
situación son los vecinos y los integrantes de la organización La Poderosa
quienes sufren hoy los “aprietes y amenazas” de la Prefectura y la Gendarmería con
violentos allanamientos sin orden a mitad de la noche, tras la denuncia del
asesinato de Kevin.
Nora Cortiñas,
integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora acompañó a la madre de
Kevin, Roxana y recordó que “los jóvenes y los niños viven en la inseguridad”,
por eso el objetivo es que “este hecho llegue a manos de la justicia” para dar
un freno a la “provocación de las fuerzas de seguridad hacia el pueblo”,
concluyó.
La fuerza de Kevin
Ante tales atropellos
contra todo tipo de derechos de los habitantes de las villas, la Asamblea
Poderosa de Zavaleta decidió lanzar un plan de “Control popular sobre las
Fuerzas de Seguridad” a través de una Comisión de “vecinos
sin gorra” elegidos por otros vecinos con la instalación de una casilla frente
a la plaza de Kevin, que "controlarán el accionar de los uniformados, con
el fin de poder señalar sus irregularidades sistemáticas” y estarán en comunicación
directa con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Procuraduría
contra la Violencia Institucional (Procuvin) y una red de periodistas
comprometidos con la causa. Federico From, abogado del CELS aseguró que
es necesaria una “respuesta positiva en
relación con las fuerzas de seguridad y con el Estado”.
Este
plan es el resultado de “un consenso de vecinos ante la conciencia del
abuso: allanamientos sin orden, mega operativos de gendarmes sin identificación
con escopetas y pasamontaña, caminando por los techos de la casa de Kevin
cuando hacía pocos días que lo habían matado” continúan denunciado los
integrantes de La Poderosa.
Sabemos que el problema
en las villas como en tantos barrios vulnerados por las instituciones, es la
naturalización de la no identificación, el armado de causas, el allanamiento
sin orden de la justicia, los abusos de autoridad sobre nuestros pibes, y todo
tipo de atropellos contra nuestros derechos : “Poder desnaturalizar esa lógica
para después desnaturalizar todas las prácticas ilegales que llevan a cabo
sistemáticamente” como menciona La Poderosa, es el primer paso para replicar
estas iniciativas en cada uno de nuestros territorios.
La violencia
institucional y la connivencia de las fuerzas de seguridad con los negocios
narcos en los barrios es un problema cotidiano. Ante la ausencia de justicia y
de respuestas por parte del Estado, el gobierno nacional y porteño, la
participación ciudadana y la organización popular avanza en coordinar con la
justicia las denuncias, ya que “tenemos la convicción de que cuando alguien
muere viviendo en una villa no tiene respuesta del servicio judicial. Lo que
suele haber es desatención y desprecio por parte de los Tribunales. El discurso
institucional que culpabiliza a la víctima y su familia es inaceptable” asegura Abel Córdoba de la Procuraduría de
violencia institucional (Procuvin).
Mientras que la gestión de Mauricio Macri en el gobierno
porteño reduce más de 5 millones de pesos de gasto social en las villas para
destinarlo a eventos de moda y de diseño, mientras que el ministro de Seguridad
de la Nación, Sergio Berni avanza con políticas de militarización y
criminalización de la pobreza en las villas, más se precarizan las condiciones
de vida de las familias que no sólo lidian con la problemática de la basura, la
intoxicación con plomo en sangre, la ausencia de servicios de salud y servicios
públicos, la falta de cloacas y agua potable con el agravante de las
inundaciones, la muerte de los niños por las condiciones precarias de infraestructura,
sino que además ven morir a sus pibes en mano del avance de la narcopolicía en
los territorios.
Ni un pibe más, ni un pibe
menos
JUSTICIA POR KEVIN
